Por Nataly Vera Huayamabe
Los seis jóvenes de Pedro Carbo. Los ocho de Daule. Los cuatro niños de Las Malvinas. Mónika Silva.
A simple vista, son casos distintos. Distintas circunstancias, distintas investigaciones y probablemente, distintos responsables. Sin embargo, todos comparten un elemento que se repite con preocupante frecuencia en el Ecuador de hoy: después de la tragedia, las víctimas y sus familias deben enfrentar una segunda violencia, la del propio Estado.
La violencia criminal, la desaparición forzada o las muertes aún bajo investigación ya representan una herida difícil de soportar. Pero para muchas familias el sufrimiento no termina con el hallazgo de un cuerpo o con el inicio de una investigación. Allí comienza otro calvario: la burocracia, las demoras, la falta de respuestas, las declaraciones irresponsables y la estigmatización.
Los seis jóvenes de Pedro Carbo desaparecieron a inicios de enero y fueron encontrados sin vida días después. Sin embargo, la tragedia no concluyó con el hallazgo. Meses más tarde, varios de los cuerpos siguen sin ser entregados a sus familiares. Mientras las instituciones alegan procedimientos técnicos y procesos de identificación, padres y madres continúan esperando para poder darles sepultura. La violencia les arrebató a sus hijos; el Estado les arrebató el derecho al duelo.
Algo similar ocurrió con los ocho jóvenes de Daule. Tras su desaparición y posterior hallazgo sin vida, las familias denunciaron dificultades para recuperar los cuerpos y obtener respuestas claras de las autoridades. Cuando una familia debe recorrer morgues, fiscalías y oficinas públicas para reclamar algo tan elemental como los restos de sus seres queridos, el Estado no está acompañando a las víctimas: las está revictimizando.
Pero la revictimización no ocurre únicamente a través de la negligencia o la lentitud institucional. También ocurre mediante los discursos oficiales.
El caso de los cuatro niños de Las Malvinas es quizás uno de los ejemplos más dolorosos. Antes de que la justicia avanzara y antes de que se esclarecieran completamente los hechos, desde el Gobierno se intentó instalar una narrativa que sembraba dudas sobre las víctimas. El entonces ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sostuvo públicamente que los menores habían sido interceptados por militares tras un supuesto robo a una mujer. Aquella afirmación nunca fue demostrada y terminó alimentando sospechas sobre niños que, en realidad, debían ser protegidos por el Estado. En lugar de concentrar la atención en la búsqueda de la verdad, se colocó bajo sospecha a quienes ya no podían defenderse.
La misma lógica parece repetirse en otros casos. En la muerte de Mónika Silva, mientras la investigación continúa y aún existen preguntas pendientes por responder, parte del debate público se desplazó hacia versiones, filtraciones y afirmaciones sobre supuestos mensajes de despedida. El ministro del Interior, John Reimberg, difundió públicamente información relacionada con esa hipótesis. Más allá de si dichos elementos forman o no parte de una investigación, el problema es otro: cuando una autoridad interviene en el debate público antes de que los hechos hayan sido plenamente esclarecidos, corre el riesgo de convertir a la víctima en objeto de escrutinio antes que a los posibles responsables.
No se trata de ocultar información. Tampoco de impedir las investigaciones. Se trata de comprender cuál es el papel del Estado frente a una tragedia humana.
La función de las autoridades no es construir relatos sobre las víctimas. No es especular. No es insinuar. No es justificar. Su deber es investigar.
Cuando una madre tiene que protestar para exigir respuestas, el Estado falla.
Cuando una familia debe esperar meses para recuperar el cuerpo de su hijo, el Estado falla.
Cuando una autoridad pública instala sospechas sobre una víctima antes de que concluyan las investigaciones, el Estado falla.
La violencia criminal es una tragedia nacional. Pero existe una segunda violencia, más silenciosa y profundamente institucional: la revictimización.
Una violencia que convierte a las víctimas en sospechosos, a los familiares en suplicantes y a la búsqueda de justicia en una carrera de obstáculos.
Los seis jóvenes de Pedro Carbo. Los ocho de Daule. Los cuatro niños de Las Malvinas. Mónika Silva. Casos distintos, pero una misma lección, porque el problema no termina cuando desaparecen las personas. Tampoco cuando aparecen los cuerpos.
Primero desaparecen las personas. Después aparecen los cuerpos. Y antes de que aparezca la justicia, aparecen las narrativas oficiales para poner en duda a las víctimas.
Luego de la violencia viene la insolencia del Estado.