Por Isabel Vargas Torres
El gobierno, siguiendo las exigencias del Fondo Monetario Internacional, mantiene una política de «bandas», para los precios de los combustibles. El 12 de agosto de 2025 modificó la fórmula de cálculo de los precios de la gasolina extra y eco país, lo que en la práctica significa la elevación del costo de la canasta básica.
Esta medida de corte neoliberal, beneficia a los grupos importadores de combustibles, en detrimento de quienes sostienen el país día a día, los pobladores de los sectores populares, los trabajadores de las fábricas, los trabajadores del transporte, de salud, la electricidad, los trabajadores autónomos y pequeños comerciantes. Son millones de hombres y mujeres afectados.
Cuando sube el combustible, aumentan los costos de transporte, producción y distribución, lo que encarece toda la cadena alimentaria. Cada galón de gasolina que sube, incrementa el costo de la vida.
En Quito, la canasta básica ya bordea los $850, lo que hace cada vez más difícil cubrir los gastos diarios, tras la elevación del IVA. A esto se suma el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos, que profundiza la dependencia económica y política, convirtiendo al país en un espacio subordinado a intereses externos.
El pueblo, en las urnas y en las calles, expresará su rechazo. Porque no se trata solo de precios: se trata de soberanía, justicia y dignidad.
Si el gobierno no cambia hay que cambiar de gobierno